Escuelas Católicas Comunidad Valenciana hace pública su indignación ante la propuesta de la Administración educativa en el reciente “arreglo escolar”. Constatamos que la Administración propone cerrar e impide la creación de unidades concertadas, a cuya financiación con fondos públicos tienen derecho, so pretexto de la baja demografía o las vacantes existentes. Al mismo tiempo, crea más de 400 nuevas unidades en la enseñanza pública, incrementando el gasto, en lo que parece un intento de eliminar la libre elección de las familias, para conformar, al final, un planteamiento educativo único y público.

Escuelas Católicas muestra su solidaridad, apoyo y defensa a los centros y a todas sus comunidades educativas, a los que, o bien se les expulsa alumnos o se les impide su acceso. La Administración educativa actual propone además la reducción en el número de plazas vacantes, por debajo de los puestos escolares autorizados, recortando la libertad de elección de las familias.

El planteamiento actual de la Conselleria reduce en más de 50 la oferta de unidades a nuestros centros, lo que afecta a más de 1.000 familias que ven limitado su derecho a elegir la educación que desean para sus hijos, junto a graves problemas laborales. No se trata sólo del drama de los puestos de trabajo directos de los profesores y sus familias que se ven afectados por la medida, sino también de un buen número de puestos indirectos, desde los monitores de comedor a los empleados de la limpieza o a las empresas de suministros que ofrecen sus servicios en los centros.

Creemos en la libertad. Siempre hemos defendido nuestro sistema educativo plural, reconocido por nuestra Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y donde conviven lo público y la iniciativa social. Nuestros centros ofrecen una clara apuesta por la educación católica, promoviendo los valores de un humanismo cristiano recogido en el ideario de los colegios y reconocido por las leyes.

El Departamento Jurídico de Escuelas Católicas está trabajando de forma intensa para dar la cobertura legal necesaria a nuestros centros a través de las pertinentes alegaciones y denunciando un proceso carente de transparencia y que vulnera la libertad de elección de las familias.

Desde Escuelas Católicas exigimos que se reestablezca el legítimo derecho que las familias tienen a la permanencia o acceso al centro que han elegido o quieran elegir. Así como al mantenimiento o generación de puestos de trabajo. Y de esta forma, que todos puedan ver satisfecho su derecho fundamental a elegir la educación de sus hijos y su derecho al trabajo sin que esta Administración se lo impida, a través de una decisión política sin precedentes.

Y que luego nos hablen de una primavera educativa…

Comisión Permanente de ESCACV

Valencia, 29 de abril de 2016